AMPLIACIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

Durante este año incorporamos el acoso callejero y la violencia política a la adhesión misionera de la Ley Nacional 26.485 sancionada en 2009.

Cuando se trataron éstas leyes a nivel nacional los consensos han sido unánimes en el sentido de entender que éstas son problemáticas transversales, que nos afectan a todos y que se dan en muchos ámbitos.

El caso de la violencia política, hay que entender que es una violación grave a los derechos humanos. Parece mucho más habitual de lo que uno querría: el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género detectó en nuestro país que el 80% de referentes y dirigentes mujeres han sufrido violencia política de género a lo largo de sus carreras.

Muchas veces ésas violencias se manifiestan con los medios de comunicación. En ése sentido, han aparecido publicaciones de mi persona, y como a muchas mujeres, siempre han intentado, de alguna manera, menoscabar, minimizar y hasta ridiculizar a la mujer que está en política.

Por otro lado, el acoso callejero es un tipo de violencia particular, tanto física como verbal, que por lo general no implica una relación entre la víctima y su agresor. Se lo considera violencia porque, además de no ser deseada, ocasiona en las mujeres impactos negativos como temor a transitar solas por la calle, demoras innecesarias al evitar ciertas zonas consideradas inseguras, gastos extra para poder costear transporte privado puesto que el transporte público es el escenario donde más hechos ocurren, dependencia de otros hombres –padres, hermanos, pareja– a quienes piden compañía y protección en las calles, abandono de centros de trabajo, entre otros.

Es que el acoso callejero está culturalmente aceptado, tanto por hombres como por mujeres. Los hombres no ven su acción como violencia, asumen que es su derecho dirigirse a las mujeres en esa forma. Las mujeres rara vez se defienden de ella, asumen como el precio a pagar por ser mujer y transitar sola por la calle.

 

Fue fundamental adherir como provincia a ambas leyes que incorporan las figuras del acoso callejero y la violencia política a la Ley IV – N° 68 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. A partir de la incorporación se instala un nuevo escenario donde el trabajo conjunto puede y debe dar lo mejor de sí, tarea que incluye a los partidos políticos, a las organizaciones de mujeres y los medios de comunicación y, obviamente, a la propia Cámara de Representantes, con el fin de visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres.

Transitar libremente y ejercer nuestros derechos no nos tiene que generar miedo.